Hay cinco eventos que, indudablemente, dibujarán el escenario internacional que enmarcará el proceso político nicaragüense.

Cierto es que la comunidad internacional no va a sacar a Ortega del poder, pero también es cierto que es un factor coadyuvante esencial para acompañar la lucha del pueblo nicaragüense por alcanzar la libertad, la justicia y establecer un Estado de Derecho. No obstante, debemos anotar que la comunidad internacional no es un bloque monolítico. Tanto gobiernos como organizaciones se guían ante todo por intereses y, solo en una segunda instancia por principios o por normas internacionales. Tampoco es un bloque con posiciones invariables. A veces el cambio de gobierno en un solo país cambia drásticamente la correlación de fuerzas y las posiciones.

Pues bien, en los próximos tres meses se producirán cinco eventos que, indudablemente, dibujarán el escenario internacional que enmarcará el proceso político nicaragüense. Veamos:

Este fin de semana se realizará la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Al declinar su candidatura la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, lo seguro es que Mauricio Claver-Carone, propuesto por la administración Trump, sea electo para el máximo cargo de esta institución financiera. ¿Por qué es relevante esta elección? Porque el BID, por años, ha sido el principal proveedor de fondos del gobierno de Ortega y Claver-Carone es uno de los “duros” de la comunidad cubano-norteamericana, por consiguiente, es muy probable que Ortega no vea un dólar más proveniente del BID, lo que dejaría como fuente única al BCIE, cuyos fondos no son inagotables.

En octubre se realizan elecciones en Bolivia. Los nicaragüenses acompañaron y celebraron con entusiasmo la extraordinaria jornada que cumplió el pueblo boliviano para abortar el fraude electoral montado por Evo Morales y obligarlo a renunciar. Ahora resulta que el Movimiento al Socialismo, MAS, el partido de Morales, figura a la cabeza de acuerdo a las encuestas más recientes. Al menos parece tener asegurada una fuerte presencia parlamentaria que le podría llevar a gobernar desde el legislativo, o desestabilizar la gestión gubernamental de una fuerza política democrática. Incluso, con solo el 30% de votos válidos podrían alzarse con una mayoría parlamentaria que les permitiría rehabilitar a Morales y posibilitar condiciones para que ejerza poder real, a pesar del rechazo mayoritario de la población.

La razón es la ceguera y mezquindad de las organizaciones presuntamente comprometidas con la democracia. Carlos Mesa, que compitió contra Evo en las elecciones anuladas el año pasado, ahora rivaliza con la presidenta interina, Jeanine Añez, cuyo mandato era conducir la transición a la democracia, pero se enamoró del poder, se lanzó de candidata y ahora divide el voto democrático. Por si algo faltaba, uno de los líderes de la sociedad civil, Fernando Camacho, que emergió como expresión de nuevas fuerzas sociales con la bandera de renovar las formas de hacer política terminó repitiendo las conductas políticas tradicionales y, aunque en las encuestas se ha desplomado a menos del 10%, contribuye a la pugna. Es natural que un retorno de Evo sería un golpe político para las democracias latinoamericanas, modificaría las correlaciones actuales y, cuando menos, repercutiría en el estado de ánimo de los nicaragüenses. Esperemos que el voto de los bolivianos no se divida y eviten así frustrar la extraordinaria jornada que cumplieron en el 2019.

En octubre también se realizará la Asamblea General de la OEA. De nuevo se considerará la situación de Nicaragua y de nuevo flotará la expectativa sobre el contenido de la resolución que el cónclave deberá adoptar. Buena parte de los nicaragüenses alientan la esperanza de que se aplique con rigor la Carta Democrática y, consecuentemente, que el régimen de Ortega sea separado de la organización. Otros argumentan que esa opción no es conveniente, o no es viable. Con Argentina y México en la acera de enfrente el camino no será fácil. Lo pronosticable es que la resolución tenga el acostumbrado tono retórico, exija a Ortega elecciones democráticas, tal vez plantee unas condiciones mínimas y la amenaza de no reconocer los resultados en caso de incumplimiento.

Sin duda, la elección presidencial en Estados Unidos, en noviembre, por razones obvias es uno de los acontecimientos más relevantes. Lo mismo las elecciones al Congreso. Aunque hasta ahora se ha preservado un consenso bipartidista y el candidato Biden calificó hace pocos días de “tiránico” a Ortega, en caso de un eventual triunfo demócrata estaría por verse si la presión frente a la dictadura y el consenso anti Ortega se mantienen. Es presumible que un triunfo de Trump preservaría la política que conocemos. Pronto saldremos de dudas.

Finalmente están las elecciones parlamentarias en Venezuela, a realizarse en diciembre. ¿Cuál es la importancia de estas elecciones? En principio, cesa el período legal de la Asamblea que, controlada por la oposición democrática, se sostuvo a lo largo de estos cinco años con Juan Guaidó como presidente interino. Varias encrucijadas están por delante.

De un lado, la decisión de participar en la farsa electoral, o abstenerse de hacerlo. A este respecto, 27 partidos políticos, entre ellos los cuatro mayores, presentaron un decálogo con condiciones mínimas para elecciones aceptables. Maduro reaccionó con la “fórmula Ortega”: eligió magistrados fieles a su régimen, modificó a su antojo las reglas electorales y, el colmo, con auxilio del órgano electoral destituyó arbitrariamente a los directivos de los partidos políticos principales e impuso a falsos opositores a la cabeza de los mismos. Igualito que Ortega.

Frente a los atropellos los 27 partidos resolvieron no prestarse a la farsa; a la par, Estados Unidos y la Unión Europea descalificaron el proceso electoral, sin embargo, en días recientes comenzaron a mostrarse fisuras en la oposición: uno de los líderes más reconocidos, Henrique Capriles, inició negociaciones tendientes a explorar una posible participación. De persistir Capriles en esa ruta, además de fracturar la frágil unidad opositora, serviría en bandeja algunos restos de legitimidad al proceso.

De otro lado está el hecho de que las elecciones suponen el fin de la plataforma política y jurídica que permitía a Guaidó presentarse como gobierno interino. Terminado el plazo legal tendrán que decidir si, ante la farsa electoral, optan por continuar como representación legítima, o asumen el fin del mandato y optan por la ruta de la llanura o por formas de resistencia más activas. Está claro que la oposición venezolana tiene ante sí arduos desafíos.

Como todo en la vida, en particular en la arena política, la liebre puede saltar desde cualquier lado, hacia cualquier lado; pero, salte por donde salte, es indudable que nos salpicará, de un lado o del otro. Inevitablemente.

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