En todos los países, desarrollados o no, existe un debate entre salud y economía a propósito de la pandemia. Se discute si cerrar la economía, y en qué medida y por cuánto tiempo, para privilegiar la salud de la población, pero en todo caso se adoptan las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En general, y salvo muy pocas excepciones entre las cuales lamentablemente está Nicaragua, se ha privilegiado la salud, que es la vida de los ciudadanos.

El famoso eslogan que muestra la tensión entre salud y economía, “morirse del coronavirus o morirse de hambre”, especialmente entre los países subdesarrollados como el nuestro, no es el caso de Nicaragua dónde incluso se ha negado la pandemia, se ha estimulado el contagio, y se ha perseguido laboralmente al personal médico y sanitario que ha reclamado acciones de salud para detener la pandemia.

En nuestro caso, la tensión no ha sido entre salud y economía, sino entre dictadura y ciudadanos, independientemente de la clase social a la cual pertenecen y que sean o no partidarios del gobierno, y la crisis de la economía no es por la salud. Los ofrecimientos que se hicieron al gobierno para cooperar en la lucha contra la pandemia, fueron rechazados porque no significaban el endoso político a la dictadura, traducido en que el sector privado solicitara el levantamiento de las sanciones internacionales.

Esto nos lleva a otro tema: la crisis de la economía es consecuencia de la crisis política. La excepcionalidad del gobierno, haciendo lo contrario a lo que hacen otros países del mundo para enfrentar la pandemia, solamente agravará el aislamiento internacional de la dictadura, lo que sí tendrá consecuencias en la economía. Al final del caso, no tendremos ni salud, ni economía, porque lo único que interesa a Ortega es la subordinación política.

La pandemia en algún momento pasará, y volverá la crisis política y sus consecuencias económicas agravadas, porque Nicaragua tendrá la connotación negativa de la forma en que Ortega enfrentó la pandemia.

Entonces, volverá a primer lugar de la agenda nacional e internacional la crisis política. Un primer escenario para la solución de esa crisis, que la oposición han planteado sea por medios pacíficos, es electoral. Las reformas electorales, para mantener la vía pacífica, inevitablemente serán discutidas en la Asamblea Nacional, donde no están representadas las organizaciones que emergieron de la crisis de abril como verdaderas representantes de la oposición: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), y posteriormente la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Por tanto, en alguna forma, una diálogo extra-parlamentario deberá articularse, para que las elecciones sean solución a la crisis.