En la oposición deberíamos tener en cuenta, entre otras razones, las siguientes en relación con la dictadura. Primero, la complacencia nacional e internacional con Ortega, que le permitió acomodar en extraña mezcla economía de mercado, atención a prioridades de Estados Unidos y retórica del “Socialismo del Siglo XXI”, terminó con la masacre de 2018. Segundo, después de esa represión, que además continúa, es imposible que Ortega recupere la confianza de la comunidad internacional y de los inversionistas, para que la economía vuelva a crecer. ¿Qué inversionista que se repute en su Responsabilidad Social Empresarial (RSE), aguantaría que un medio de comunicación le reclame en su país de origen, por invertir en la Nicaragua de Ortega? Tercero, la vía pacífica, electoral, para removerlo del poder, no significa que juguemos a las reglas legales que él estableció, ¡precisamente para construir su dictadura!

De alguna forma, las razones anteriores estuvieron como telón de fondo, con diferente peso para los diversos actores, en el proceso de discusión que condujo a la firma de los estatutos de la Coalición Nacional. Y debemos estar advertidos que la discusión volverá a aparecer, porque es una discusión democrática, frente al monolitismo verticalista en el FSLN, en que Ortega y su esposa todo lo deciden, sin cabida para las discrepancias. Es más, ese monolitismo también agita las aguas de la discusión democrática.

Como la discusión volverá a la agenda de la Coalición, es crucial valorar lo que ocurrió, que felizmente llegó a buen término. Es importante apreciar que la demanda de unidad opositora, impuso en la opinión pública costos políticos a la Alianza Cívica (ACJD). Como la discusión democrática es inevitable, los costos políticos en algunos casos pasarán desapercibidos para otras organizaciones, pero no para una tan emblemática como la Alianza, porque ha sido interlocutora del gobierno en dos ocasiones y tiene un elevado reconocimiento internacional. Aparecer faltando a la unidad de la oposición, independientemente de las razones que se tenga y pueden ser muy buenas, inevitablemente se paga.

También, apostar a las reglas de juego de la dictadura, por más legales que sean, y Ortega acomodó la legalidad a la medida de su dictadura, tiene un costo político. Es el caso de las personerías jurídicas de los partidos políticos, que Ortega decidió a quién dárselas o negárselas. La semana pasada señalamos en esta columna que la Comisión de Alto Nivel de la OEA, había señalado entre las condiciones para una efectiva elección democrática, el “registro libre y transparente de partidos políticos”.

La indispensable unidad y presión de la comunidad internacional es necesaria, pero mucho depende de la unidad de la verdadera oposición en Nicaragua.