El término “política” tiene dos connotaciones fundamentales: como poder o comunidad. La primera, refiere a la capacidad de un grupo para movilizar fuerzas sociales, para imponer sus intereses particulares a toda la sociedad. La segunda tiene su origen en la etimología griega polis, comunidad. Refiere a estructurar, organizar y ampliar lo común a todos. Ambas connotaciones no son excluyentes. Una concepción es antagónica y competitiva, la otra, promulga la solidaridad y la conjunción de intereses.

Ante las definiciones, me surge la pregunta: ¿por qué la práctica política en Nicaragua siempre ha estado impregnada de política de poder? ¿Por qué carecemos de política en términos de comunidad? ¿Por qué la política nicaragüense siempre ha tenido un déficit en valores cívicos y espíritu patriótico capaz de impregnar las instituciones de un auténtico interés público?

Tocqueville señaló: “Entre las leyes que rigen las sociedades humanas hay una que parece más precisa y clara que todas las demás. Si los hombres quieren seguir siendo civilizados o llegar a serlo, el arte de asociarse debe crecer y perfeccionarse en la misma proporción en que aumenta la igualdad de las condiciones”. En consonancia, Huntington, modernamente, plantea así el problema, cuando los cambios “en los ritmos de movilización social y el auge de la participación política son elevados; los de organización e institucionalización políticas, bajos. El resultado es la inestabilidad y el desorden. El principal problema de la política es el atraso en el desarrollo de las instituciones políticas que deben respaldar los cambios económicos y sociales”. La lección es simple, un crecimiento económico, aunque sea modesto, con su incipiente modernización, más que estabilidad puede traer violencia e inestabilidad si no está acompañado de un desarrollo institucional robusto.

Las instituciones solo adquieren legitimidad cuando tienen independencia de las fuerzas sociales que las crearon e integraron. Promueven comunidad cuando ejercen el poder de forma atemperada y moderada, con la finalidad de representar a la mayoría de los actores del sistema político. El Consejo Supremo Electoral (CSE) es un poder del Estado que desde el año 2000 ha experimentado un profundo deterioro, convirtiéndose en una institución que privilegia, únicamente, su dimensión de poder a favor de un partido político, promoviendo exclusión y falta de legitimidad.

Esta percepción sobre el CSE, la plasmó el Centro Carter (CC), en 2014, después de la reelección de los magistrados del CSE. Públicamente expresó: “La imagen y credibilidad del CSE así como los estándares democráticos y electorales en Nicaragua decayeron significativamente tras el fraude comprobado en las elecciones municipales de 2008”. Sobre las elecciones del 2011 dice expresamente, “ese mismo CSE organizó y celebró las elecciones nacionales más opacas de los últimos veinte años en Nicaragua cuyos resultados fue imposible verificar, estableciendo en consecuencia un precedente nocivo para el futuro de la democracia en Nicaragua”.

En un año electoral es fundamental precisar el rol político que el CSE debería jugar. Con base en la experiencia y la literatura consultada, su rol debería ser:
1) Cuasi-legislador: a) interpretar la normativa electoral. En el caso del CSE, a partir del 2000, su actuación ha sido antojadiza y sesgada, primero a favor del PLC y FSLN, hoy exclusivamente, a favor del FSLN; no ha habido creación de derecho imparcial, las resoluciones emitidas por el CSE se han ajustado a las necesidades políticas coyunturales del partido que domina el CSE; b) Intervención en el foro legislativo. Muy limitada, en el 2014 se dio básicamente con la intervención de los magistrados ante la Comisión Especial para el Estudio y Dictamen de la Ley de Reforma a la Ley Electoral de la Asamblea Nacional; su papel fue de respaldo a la reforma presentada por la Presidencia de la República;

2) Rendición de Cuentas (Accontability): es un concepto bidimensional que denota: a) “Answerability”, obligación de los funcionarios públicos de informar sobre sus actividades y justificarlas ante partidos políticos y ciudadanos; aquí importa la redición de cuentas que hacen los magistrados ante la Asamblea Nacional (AN), otras instituciones públicas y la ciudadanía. La rendición de cuenta de los magistrados del CSE ante la AN ha sido casi inexistente y cuando ha sucedido han sido una formalidad, si tomamos como base, los cuestionamientos hechos al CSE; “Enforcement”, la capacidad del CSE para imponer sanciones a servidores públicos que violen la Ley Electoral, especialmente, aplicando el Título XIV Sobre Delitos Electorales, artículos 173 al 178. Prácticamente, este rol nunca ha sido ejercido por el CSE, este fue ciego ante las anomalías en las elecciones del 2008 y 2011; Accontability, como dice el doctor Luis Brenes experto en Procesos Políticos Contemporáneos “es la capacidad que tiene el juez electoral para controlar el abuso en el ejercicio del poder por parte de otras ramas del gobierno. Es un mecanismo de control entre poderes que muestra la salud democrática de una sociedad”. En Nicaragua, el CSE nunca ha desempeñado esta función;

3) Comunicador. Son las acciones que lleva adelante el CSE para tener una relación de calidad con la ciudadanía, particularmente, como comunicador. Se entiende como la “receptividad y sensibilidad institucional ante las demandas que le formulen desde la ciudadanía” (responsiveness). En otras palabras, informar sobre sus políticas institucionales para desarrollar su labor judicial. En este aspecto, el CSE se ha mostrado inamovible ante las peticiones de cambios demandados por los partidos políticos, los gremios empresariales y la sociedad civil.

Actualmente, el CSE aplica una política basada en el poder, con un deterioro institucional, que a mediano plazo puede causar inestabilidad y violencia. De las tres dimensiones que deberían conformar el rol político del CSE, la dimensión de “accontability”, es la que muestra mayor deterioro. En esta dimensión se muestra la incapacidad del CSE de controlar los abusos y muestran la salud democrática del régimen. La dimensión de comunicación del CSE con la ciudadanía prácticamente ha desaparecido. Finalmente, su actuación como cuasi-legislador está circunscrita a emitir resoluciones y a apoyar todas las iniciativas a la medida de las necesidades del régimen. Por tanto, su rol política ha desaparecido.